Argentina y Estados Unidos avanzan en un nuevo marco comercial: hacia un posible rediseño del régimen de propiedad intelectual
El 13 de noviembre de 2025, Argentina y Estados Unidos anunciaron un acuerdo marco para profundizar los lazos bilaterales de comercio e inversión, lo que marca un posible relanzamiento del régimen de propiedad intelectual argentino tras más de una década de prácticas restrictivas en materia de patentes farmacéuticas, y falta de una adecuada protección a los derechos de Propiedad Intelectual. La declaración conjunta, emitida en el marco del Acuerdo de Comercio e Inversión entre ambos países, compromete a ambas partes a promover un “entorno transparente y basado en reglas para el comercio y la innovación” y señala la propiedad intelectual como un área prioritaria de reforma.
En la declaración, Estados Unidos destacó las recientes acciones de fiscalización realizadas por Argentina contra un importante mercado regional de productos falsificados y subrayó los compromisos asumidos por el país para abordar las preocupaciones estructurales señaladas en el informe Special 301 de 2025. Estas incluyen los criterios de patentabilidad, el atraso en el examen de patentes y las indicaciones geográficas, así como una alineación más amplia del marco de propiedad intelectual argentino con los estándares internacionales. La administración del presidente Javier Milei se verá obligada a modificar ciertas regulaciones y a ratificar tratados de propiedad intelectual, situando este tema en el centro de las conversaciones en curso y enfocándose en dos medidas principales: derogar una Resolución Conjunta de 2012, que endureció el examen de patentes farmacéuticas, y avanzar en la ratificación de tratados internacionales clave en la materia, incluido el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Protocolo de Madrid y el Arreglo de La Haya, entre otros.
En el centro del debate, se encuentra la Resolución Conjunta de 2012 (MI 118/12, MS 546/12, INPI 107/12), adoptada en 2012 durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Esta medida introdujo criterios sumamente restrictivos de examen para invenciones químico‑farmacéuticas en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), prohibiendo la protección a la mayoría de los productos farmacéuticos y frenando lo que los innovadores describen como vías habituales de protección para mejoras posteriores. Las directrices redujeron drásticamente la patentabilidad de nuevas formas de sustancias conocidas, regímenes de dosificación, combinaciones sin sinergia demostrada y reivindicaciones de segundo uso médico, entre otras categorías, lo que derivó en una escasa concesión de patentes en esa área de la industria, trámites más prolongados y alcances de reivindicación más acotados. Las empresas farmacéuticas de investigación sostienen desde hace años que este marco desalienta la inversión en I+D de alto riesgo y coloca a Argentina en desventaja frente a jurisdicciones que aplican estándares más próximos al Convenio sobre la Patente Europea o a Estados Unidos.
Por su parte, los fabricantes nacionales de genéricos —representados por cámaras como CILFA— han respaldado históricamente los criterios más estrictos, presentándolos como una herramienta necesaria para prevenir el evergreening y proteger la salud pública. Las acciones judiciales promovidas por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) y la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) para anular el régimen de 2012 no han logrado revertirlo. En un reciente fallo de primera instancia del 9 de octubre de 2025, el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N. º 1 confirmó la validez de las directrices de 2012 y de las medidas administrativas asociadas, al considerarlas compatibles con la Ley de Patentes de la Argentina y con las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC). El tribunal enfatizó que las directrices operan como instrucciones internas para los examinadores, y no como nuevos requisitos legales, y subrayó que el Poder Ejecutivo mantiene la facultad de derogarlas. La sentencia es apelable ante instancias superiores.
En paralelo con los cambios de política internos, Argentina avanza hacia una mayor integración con sistemas multilaterales de propiedad intelectual largamente utilizados por la gran mayoría de países del mundo -160 países en el caso del Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), siendo Argentina el único país junto a Venezuela en América Latina que todavía no es miembro- y promovidos por sus socios comerciales. Dado que el Senado aprobó el PCT en 1998, su ratificación definitiva solo requiere la aprobación de la Cámara de Diputados, trámite que el gobierno deberá completar en forma prioritaria y posiblemente antes de finales de 2025. Posteriormente, el país deberá avanzar en la adopción del Protocolo de Madrid para marcas y del Arreglo de La Haya para diseños industriales, así como de otros tratados internacionales, antes del final del mandato de Javier Milei en 2027. De concretarse, estos pasos simplificarían la protección transfronteriza de patentes, marcas y diseños, y acercarían el sistema argentino a las prácticas de la gran mayoría de países en la materia.
Observadores de la industria señalan que el efecto combinado de derogar las directrices farmacéuticas de 2012 y adoptar sistemas internacionales de registro podría transformar de manera significativa el panorama de la innovación en Argentina. Aunque aún no se han publicado detalles sobre eventuales criterios revisados de patentabilidad, los profesionales esperan una derogación completa de la resolución de 2012.
En relación a los trámites, también podrían cobrar impulso vías de tramitación más ágiles. El mecanismo de examen acelerado vigente del INPI, establecido por la Resolución P‑56/2016, permite a los solicitantes aprovechar una patente extranjera concedida —sujeto a restricciones relativas al alcance de las reivindicaciones, el estado de la técnica y la materia patentable— y obtener una decisión en un plazo de 60 días una vez cumplidas las condiciones. En dicho caso, las empresas podrían ver reducidos los plazos de concesión de patentes desde los actuales ocho a diez años hasta apenas cuatro años en los casos más sencillos.
Cualquier cambio seguramente repercutirá no solo en el sector farmacéutico sino en todas las industrias que tramitan también solicitudes de patentes. Un fortalecimiento de la protección para innovaciones incrementales podría extender las exclusividades en torno a compuestos centrales, modificar las estrategias de gestión del ciclo de vida e influir en el momento de la entrada de los genéricos. Los fabricantes de genéricos, a su vez, podrían enfrentarse a una ventana más estrecha para lanzar variantes y formulaciones de seguimiento de medicamentos. Para las empresas o individuos que solicitan protección en varias jurisdicciones del mundo, la alineación con los sistemas PCT, Madrid y La Haya reduciría los costos y tiempos de tramitación así como también facilitaría estrategias de presentación coordinadas en múltiples mercados.
En relación a los tratados internacionales, el camino por delante depende en gran parte de los acuerdos legislativos. Sin embargo, con la nueva composición del Congreso a partir del 10 de diciembre de 2025, funcionarios gubernamentales y actores de la industria se preparan para debates de gran alcance sobre los contornos de la política de propiedad intelectual de Argentina. Si bien es posible que continúen en paralelo nuevos procesos judiciales, el Poder Ejecutivo tiene la potestad para derogar o reemplazar las directrices de 2012, dejando los planteos judiciales sobre los criterios de patentamiento de productos farmacéuticos como una cuestión abstracta. Por ahora, el marco conjunto entre Estados Unidos y Argentina constituye la señal más clara de que Argentina busca recalibrar sus normas de propiedad intelectual conforme a estándares internacionales, preparando el terreno para un nuevo capítulo en materia de comercio, inversión e innovación.
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