Energía (Electricidad)
El proceso de desregulación desarrollado durante los 90 afectó de forma significativa al sector eléctrico de la Argentina, principalmente debido a la privatización de las instalaciones de generación de energía de propiedad estatal, y las empresas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Durante esos años, Bruchou & Funes de Rioja participó activamente en dicho proceso.
A partir del 2000 y durante más de una década, la industria eléctrica ha sufrido enormes cambios, tanto desde la perspectiva del negocio como desde lo normativo. Debido al tan rápido cambio en el contexto de negocios, se abrió una oportunidad a inversores locales para obtener una posición de liderazgo en el sector eléctrico.
Bruchou & Funes de Rioja tuvo la oportunidad única de asistir a la que hoy es la empresa privada más grande en generación de energía y co-controlante de la segunda más grande distribuidora de electricidad de la Argentina, en su organización, y rápido crecimiento y expansión en el sector eléctrico. También hemos asesorado al operador argentino de energía nuclear en asuntos relacionados con contratos EPC en relación a la prolongación de vida de la Central Nuclear Embalse y sobre cuestiones relacionadas con la financiación de sus operaciones.
En diciembre de 2015, asumió un nuevo gobierno pro-mercado. La nueva administración heredó, entre otros desafíos, una enorme crisis energética (Argentina se transformó en un importador de energía por hasta USD10 mil millones durante 2015, incluidas las importaciones de electricidad de los países vecinos). Para revertir esta grave situación y mediante una batería de medidas coordinadas, el gobierno está promoviendo fuertemente la inversión extranjera en el sector energético en general, y en el sector eléctrico, en particular (donde los picos de demanda, a menudo, superan la capacidad total del sistema).
Para fomentar la inversión extranjera en el sector eléctrico, el gobierno lanzó (basado en la legislación ya existente actualizada en octubre de 2015) un plan intenso de promoción de energías renovables para cumplir, en el corto plazo, el objetivo de tener 8% del consumo nacional de energía comercializada, proveniente de fuentes renovables.
Con respecto a las energías renovables, a través de CAMMESA, el Gobierno lanzó (i) durante 2016 dos licitaciones (RenovAr 1 y 1.5) que contrajeron con éxito, en total, 2.424 MW (principalmente eólica y solar, y también minihidráulica, biogás, biomasa) y (ii) durante 2017, una convocatoria más (bajo RenovAr 2) para contratar -en 2017 3Q- 1.200 MW adicionales de fuentes renovables.
Logramos ser una de las firmas más activas tanto en el lado del asesoramiento como en el transaccional. Por ejemplo, en RenovAr 1 y 1.5, representamos clientes en 18 proyectos (tanto solares como eólicos) por un total de casi 1.300MW de los 6.343 MW ofrecidos (y 2.424 MW contratados) en esas rondas en su conjunto. En el contexto de RenovAr 2, asesoramos a clientes en 16 proyectos (tanto solares como eólicos), por un total de casi 1.100 MW.
También trabajamos en la financiación de 10 proyectos ganadores de alrededor de 700 / 800 MW en conjunto (tanto térmicos como renovables).
Además, el Gobierno promulgó la nueva ley federal de asociación público-privada (Ley Federal Nº 27.328), que establece un marco jurídico favorable a los inversores para implementar el plan de infraestructura federal de Argentina (incluida la electricidad), estableciendo las reglas básicas para estructurar el largo plazo contratos, y fomentar la bancabilidad y paquetes de seguridad para los proyectos. Una vez más, nuestra Firma está colaborando activamente a través del Banco Interamericano de Desarrollo con el gobierno en las regulaciones de implementación, para proporcionar los detalles, procedimientos y especificaciones dentro del marco general establecido por la Ley PPP para canalizar las inversiones en el sector energético (especialmente en el área de transmisión de energía).
La asistencia en temas de regulación energética forma parte del asesoramiento integral que brinda el Estudio a clientes de dicho sector. Expertos en derecho regulatorio trabajan junto con abogados de otras áreas, tales como derecho administrativo, derecho corporativo, derecho bancario y mercado de capitales, impuestos, litigios y laboral, entre otros, para asesorar a los clientes en la ejecución de operaciones complejas.
Cabe destacar que en las áreas de impuestos, litigios y laboral, nuestros equipos cuentan con expertos profundamente familiarizados con el sector eléctrico.
Nuestros servicios en temas regulatorios incluyen el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en la estructuración y realización de operaciones, realización del due diligence y obtención de aprobaciones reglamentarias aplicables. De igual modo asesoramos a nuestros clientes en las cuestiones diarias que surgen una vez cerrada la transacción, y trabajamos junto a la gerencia en el desarrollo de cada proyecto.
A partir del 2000 y durante más de una década, la industria eléctrica ha sufrido enormes cambios, tanto desde la perspectiva del negocio como desde lo normativo. Debido al tan rápido cambio en el contexto de negocios, se abrió una oportunidad a inversores locales para obtener una posición de liderazgo en el sector eléctrico.
Bruchou & Funes de Rioja tuvo la oportunidad única de asistir a la que hoy es la empresa privada más grande en generación de energía y co-controlante de la segunda más grande distribuidora de electricidad de la Argentina, en su organización, y rápido crecimiento y expansión en el sector eléctrico. También hemos asesorado al operador argentino de energía nuclear en asuntos relacionados con contratos EPC en relación a la prolongación de vida de la Central Nuclear Embalse y sobre cuestiones relacionadas con la financiación de sus operaciones.
En diciembre de 2015, asumió un nuevo gobierno pro-mercado. La nueva administración heredó, entre otros desafíos, una enorme crisis energética (Argentina se transformó en un importador de energía por hasta USD10 mil millones durante 2015, incluidas las importaciones de electricidad de los países vecinos). Para revertir esta grave situación y mediante una batería de medidas coordinadas, el gobierno está promoviendo fuertemente la inversión extranjera en el sector energético en general, y en el sector eléctrico, en particular (donde los picos de demanda, a menudo, superan la capacidad total del sistema).
Para fomentar la inversión extranjera en el sector eléctrico, el gobierno lanzó (basado en la legislación ya existente actualizada en octubre de 2015) un plan intenso de promoción de energías renovables para cumplir, en el corto plazo, el objetivo de tener 8% del consumo nacional de energía comercializada, proveniente de fuentes renovables.
Con respecto a las energías renovables, a través de CAMMESA, el Gobierno lanzó (i) durante 2016 dos licitaciones (RenovAr 1 y 1.5) que contrajeron con éxito, en total, 2.424 MW (principalmente eólica y solar, y también minihidráulica, biogás, biomasa) y (ii) durante 2017, una convocatoria más (bajo RenovAr 2) para contratar -en 2017 3Q- 1.200 MW adicionales de fuentes renovables.
Logramos ser una de las firmas más activas tanto en el lado del asesoramiento como en el transaccional. Por ejemplo, en RenovAr 1 y 1.5, representamos clientes en 18 proyectos (tanto solares como eólicos) por un total de casi 1.300MW de los 6.343 MW ofrecidos (y 2.424 MW contratados) en esas rondas en su conjunto. En el contexto de RenovAr 2, asesoramos a clientes en 16 proyectos (tanto solares como eólicos), por un total de casi 1.100 MW.
También trabajamos en la financiación de 10 proyectos ganadores de alrededor de 700 / 800 MW en conjunto (tanto térmicos como renovables).
Además, el Gobierno promulgó la nueva ley federal de asociación público-privada (Ley Federal Nº 27.328), que establece un marco jurídico favorable a los inversores para implementar el plan de infraestructura federal de Argentina (incluida la electricidad), estableciendo las reglas básicas para estructurar el largo plazo contratos, y fomentar la bancabilidad y paquetes de seguridad para los proyectos. Una vez más, nuestra Firma está colaborando activamente a través del Banco Interamericano de Desarrollo con el gobierno en las regulaciones de implementación, para proporcionar los detalles, procedimientos y especificaciones dentro del marco general establecido por la Ley PPP para canalizar las inversiones en el sector energético (especialmente en el área de transmisión de energía).
La asistencia en temas de regulación energética forma parte del asesoramiento integral que brinda el Estudio a clientes de dicho sector. Expertos en derecho regulatorio trabajan junto con abogados de otras áreas, tales como derecho administrativo, derecho corporativo, derecho bancario y mercado de capitales, impuestos, litigios y laboral, entre otros, para asesorar a los clientes en la ejecución de operaciones complejas.
Cabe destacar que en las áreas de impuestos, litigios y laboral, nuestros equipos cuentan con expertos profundamente familiarizados con el sector eléctrico.
Nuestros servicios en temas regulatorios incluyen el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en la estructuración y realización de operaciones, realización del due diligence y obtención de aprobaciones reglamentarias aplicables. De igual modo asesoramos a nuestros clientes en las cuestiones diarias que surgen una vez cerrada la transacción, y trabajamos junto a la gerencia en el desarrollo de cada proyecto.