RIGI: Nuevas reglas para Proveedores Locales. Reorganizaciones de VPU. Acceso al Mercado de Cambios

Novedades legales - 17 de Noviembre, 2026

El 16 de noviembre de 2026 se publicó el Decreto N° 1366/2026, que modifica ciertos aspectos de la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Entre sus novedades, se destaca una nueva definición de proveedor local, orientada a facilitar la participación de empresas radicadas en la Argentina en las cadenas de abastecimiento de los proyectos adheridos al régimen:

  • Proveedores locales. Se consideran proveedores locales: (i) las personas humanas con domicilio fiscal en el país, y (ii) las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en la Argentina -siendo ahora que la condición de proveedor local ya no depende de la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni de la composición de su capital-; que suministren bienes o servicios con destino a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI.

En términos prácticos, la modificación amplía las oportunidades para que empresas constituidas y domiciliadas en el país, incluso aquellas con participación de capital extranjero, se integren como proveedores locales de los grandes proyectos de inversión.

  • Provisión de bienes. Acreditación de Origen. Los bienes a ser suministrados deben cumplir con los criterios de origen nacional previstos en el Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del MERCOSUR y sus Protocolos Adicionales, cuya aplicación será precisada por la Autoridad de Aplicación.

El decreto también introduce otras novedades relevantes para los proyectos adheridos al RIGI:

  • Adquisiciones y reorganizaciones de VPU. El decreto mantiene, en lo sustancial, reglas que ya preveía la reglamentación: cualquier tercero puede adquirir acciones de un VPU adherido sin que ello altere los derechos del VPU ni de su Proyecto RIGI, y la adquisición de acciones, cuotas o participaciones posterior a la solicitud de adhesión no computa como inversión en activos computables a los fines del artículo 174 de la Ley 27.742. Asimismo, las adquisiciones o fusiones que involucren dos o más Proyectos RIGI requieren aprobación de la Autoridad de Aplicación para conformar un único Proyecto RIGI, al que se le aplicarán los derechos y obligaciones del proyecto con fecha de adhesión más antigua, y la Autoridad podrá imponer condiciones adicionales. Como novedad, en las uniones transitorias y otros contratos asociativos se admite la cesión total o parcial de participaciones y el ingreso de nuevos integrantes. La operación debe informarse a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días corridos de su inscripción en el Registro Público, y deben acreditarse: (i) el consentimiento de los demás miembros (salvo dispensa contractual); (ii) que el nuevo miembro no está comprendido en las causales de exclusión del régimen; (iii) la transferencia al nuevo miembro, o la afectación al fondo común operativo, de los bienes del cedente afectados al Proyecto RIGI; y (iv) la asunción por el nuevo miembro de los compromisos de inversión y garantías pendientes. La Autoridad podrá observar la operación dentro de los 30 días corridos; vencido ese plazo, se tendrá por conformada. El cedente responde solidariamente por las obligaciones del régimen devengadas hasta la inscripción, y estas transferencias tampoco computan como inversión en activos computables. Por último, las sucursales dedicadas podrán, con autorización previa de la Autoridad de Aplicación, transferir la totalidad de los activos, pasivos, derechos y obligaciones afectados al proyecto a una sociedad anónima o sociedad anónima unipersonal constituida a tal efecto, que deberá reunir los requisitos de VPU desde su inscripción. La transferencia podrá hacerse mediante escisión (si la sociedad de la que depende la sucursal está constituida en el país), aporte en especie o transferencia de fondo de comercio conforme a la Ley 11.867, y en todos los casos deberá acreditarse la transmisión efectiva de los derechos y obligaciones afectados al proyecto. La nueva sociedad sustituye a la sucursal como VPU adherido. La transferencia no implica una nueva adhesión ni altera la fecha de adhesión original, los plazos aplicables, ni los derechos y obligaciones del Proyecto RIGI y del plan de inversión aprobado. La sociedad de la que dependía la sucursal responde solidariamente por las obligaciones del régimen devengadas hasta la inscripción de la transferencia. La autorización de la Autoridad de Aplicación no suple el consentimiento de terceros exigible para transferir concesiones, permisos u otros derechos afectados al proyecto.

  • Plazos de inversión. Se diferencia la fecha límite para cumplir el mínimo de inversión del Proyecto Único de los compromisos de cada etapa de los proyectos de exportación estratégica de largo plazo.

  • Mercado de cambios. Balanza cambiaria. Se amplían los ingresos de divisas computables para los proyectos que prevén hacer uso del incentivo del art. 198 de la Ley 27.742, que exime progresivamente al VPU, en determinados porcentajes, de la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios los cobros de sus exportaciones. A estos VPU el BCRA les exige que lo ingresado y liquidado iguale o supere lo que demandan del mercado de cambios para el proyecto. El decreto incorpora a la reglamentación el cómputo de los aportes de no residentes y del endeudamiento financiero externo ingresados por los socios o accionistas del VPU, los integrantes de UTE o contratos asociativos y la casa matriz de la sucursal dedicada, y lo extiende a los accionistas indirectos (del VPU y de los integrantes de UTE o contratos asociativos), siempre que los fondos se destinen efectivamente al proyecto y su afectación pueda rastrearse.

Estas modificaciones aportan mayor previsibilidad para evaluar la participación de proveedores, la reorganización y el financiamiento de proyectos RIGI, tanto actuales como futuros.


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